En el BOE del pasado día 7 de abril podemos ver cómo la información que dio el Sr. Ministro de Justicia en la Conferencia Sectorial
de Justicia del día 8 de abril, en cuanto a la gratuidad del Registro Civil ya
nadie se la cree y se desmorona, es mentira.
El Gobierno pagará cuatro
millones de euros al Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles
para que sigan realizando la gestión
de los expedientes de nacionalidad que ya tenían encomendada desde 2012, sin
que durante este tiempo hayan recibido cantidad alguna.
Esos 4 millones de euros saldrán
del erario público, e irán directamente a los Registradores de la Propiedad, por
hacer algo que en ocasiones anteriores ya lo habían hecho sin costar ni un sólo euro al erario público.
Esta resolución, publicada el
martes día 7 de abril en el BOE, se une a otras medidas que pueden salir
adelante en esta legislatura para incrementar los ingresos de los Registradores
de la Propiedad. Por
ejemplo, creando nuevos aranceles y gestiones obligadas en el Registro para que
incrementen sus ingresos, y que hasta ahora no era necesario realizar. De
hecho, un documento de Justicia recogía exigencias y aportaciones en ese sentido
de los registradores.
Esa será la forma de financiar a
los Registradores de la Propiedad y Mercantiles la llevanza del Registro Civil. De gratis, tal como dice el Sr. Ministro, nada de nada, es simplemente
mentira.
La figura utilizada para otorgar
la tramitación de los expedientes de nacionalidad, y sus correspondientes 4
millos de euros, será una “encomienda de
gestión”, es decir, el Ministerio encomienda a los Registradores de la
Propiedad y Mercantiles que gestionen la tramitación de los expedientes de
nacionalidad, algo que ya se hace, como función propia en los Registros
Civiles, por funcionarios de la Administración de Justicia.
Esta encomienda, y sus
correspondientes 4 millones de euros, se otorga abajo la vil y abyecta excusa de una mejor eficacia o porque no se poseen
los medios técnicos idóneos para su desempeño por parte del Registro Civil. Hay que ser miserable y de baja
condición moral para argumentar tal cosa.
Si esos 4 millones de euros, y los
que presumiblemente serán en el futuro, además de todas las mejoras técnológicas, que
también y previsiblemente se pondrán a disposición de los Registradores de la
Propiedad y Mercantiles a cuenta del erario público (desde STAJ estaremos
vigilantes), se destinaran al Registro Civil, estas encomiendas de gestión, o la
desjudicialización del Registro Civil, que pretende hacer el Ejecutivo (
señalar que la ley es del año 2011, con el anterior Ejecutivo, que también
tiene su parte de culpa), no serían necesarias.
Si los distintos gobiernos que
han pasado se hubieran ocupado y preocupado de invertir en el Registro Civil,
con los medios técnicos y humanos necesarios, no se habría llegado esta situación.
STAJ teme que la falta de inversiones, desidia en los distintos
Ejecutivos en materia de Justicia, y en concreto en el Registro Civil, sea una maniobra para empeorar el servicio, al amparo de una administración desleal y dolosa, y
causar un malestar ciudadano que culpe a los trabajadores de Justicia del mal
funcionamiento, y de esa forma tener al excusa perfecta, con el apoyo de la opinión pública, para la desjudicialización.
Denunciamos que esta situación puede ser una
manipulación ciudadana para inducir a la opinión pública a pensar que la desjudicialización que se
pretende hacer es consecuencia de un mal servicio, siendo como ya es público y
notorio, una privatización que tan solo irá en beneficio de los Registradores
de la Propiedad.
EL REGISTRO CIVIL ES DE JUSTICIA.